Es inaceptable que se profieran amenazas al Contralor por intentar desempeñar su función, constituye un acto temerario e imprudente, y el Secretario General de la Presidencia le debe excusas no sólo a Ramiro Mendoza sino que a todo el país.

En 1887, Lord Acton acuñó su célebre “dictum”: Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Así es: el poder induce a la corrupción – está en la naturaleza humana que así sea – y, mientras más grande sea ese poder, mayor termina siendo la corrupción. Por eso, en una república democrática, es tan importante la alternancia en el poder y el rol que desempeñan los entes fiscalizadores y de control, como la Cámara de Diputados y la Contraloría General de la República.

Esta semana hemos sido testigos de un hecho inaceptable: el Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo,  ha presionado públicamente al Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, para que no controle a los ministros ni investigue si los secretarios de estado incurren en prácticas de intervencionismo u otras posibles irregularidades.

Recordemos que Contraloría es el órgano encargado del fortalecimiento del Estado de Derecho y, entre otras funciones, debe velar por el cumplimiento del principio de probidad administrativa. Más aún, está explícitamente señalado en su “Misión” que Contraloría “ejerce sus funciones con el fin de promover la certeza, estabilidad y predictibilidad de las decisiones administrativas, y por lo mismo, se convierten en un mecanismo de protección de las garantías fundamentales de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración del Estado”. Por todo ello, el mero intento de coartar las posibilidades de acción de la Contraloría constituye un acto temerario e imprudente y apunta en la dirección contraria a la del fortalecimiento de la democracia y de sus instituciones.

Es extraordinariamente grave lo ocurrido y nos parece que, como mínimo, el Ministro Viera Gallo debe excusarse con el Contralor y con todo el país, retirar sus amenazas y dejar que las instituciones funcionen y que hagan su trabajo. De no hacerlo estaría él mismo incurriendo en una suerte de abandono de sus propios deberes. Los ministros están al servicio de la institucionalidad, no al revés.

Invitamos a las chilenas y a los chilenos a reflexionar sobre estos hechos y a convencerse que, efectivamente, no da lo mismo quién gobierna. Chile se merece un presidente que erradique todo rastro de corrupción y un gobierno que esté plenamente a disposición de órganos como la Contraloría, pero para ello es necesario que la Concertación y sus herederos directos abandonen – aunque sea sólo por un período – el poder que han detentado durante tanto tiempo y que los ha llevado a caer en estas conductas corrosivas y nefastas que hoy presenciamos.

Fotografía: el Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo,  por gentileza de Wikimedia.

La salida de Vivian Heyl de CONICYT, a pocas semanas de que finalice este gobierno, no soluciona nada pero sí es un reconocimiento de que la Concertación está haciendo muy mal las cosas y, por lo mismo, no debería continuar en el poder.

Ya lo he dicho (aquí) y ahora lo repito: Cuando se le pregunta a un mandatario cuál es el principal activo de su país, suele responder algo como el petróleo, el turismo o el cobre. Nunca he escuchado a un presidente decir que su principal activo es la gente, el capital humano. Sin embargo, es evidente que es precisamente ese el factor económico clave del desarrollo: las personas. Un país que invierte en su gente es un país que apuesta al desarrollo, especialmente si se invierte de manera inteligente y ordenada.

En Chile, el organismo encargado de hacer ese trabajo se llama CONICYT y durante el gobierno que está finalizando se ha convertido en el fiasco más grande y en el fracaso más rotundo, superando incluso, en mi humilde opinión, al del tristemente célebre TranSantiago.

Como ya lo señalé (aquí), primero fue el inédito “paro de científicos” que convocó incluso a varios Premios Nacionales de Ciencias en una manifestación sin precedentes en el país. Luego serían las quejas de los becados estudiando postgrados en el extranjero, más tarde supimos de un grupo de técnicos que fue enviado a estudiar a Canadá sólo para constatar una vez que ya estaban allá que no tenían el nivel de inglés requerido. A todo ello podemos agregar la molestia que hay desde hace casi un año entre quienes postulan a las Becas Bicentenario. Todo ello hizo que, finalmente, se le pidiera la renuncia a la directora de la entidad, Vivian Heyl.

No obstante, la salida de la señorita Heyl, a pocas semanas de que finalice este gobierno, así como su remplazo por una persona de similares características y extracción, bien podemos interpretarla como una mera burla. El daño ya está hecho y los perjudicados no son sólo los científicos, académicos y nuestro capital humano avanzado; los perjudicados somos todos los chilenos.

Pero todo ello va a cambiar cuando la Coalición por el Cambio llegue al gobierno. Sebastián Piñera se ha comprometido a hacer crecer nuestra economía sobre la base de potenciar el emprendimiento y la innovación. Para ello nos proponemos erradicar la ineptitud de organismos como CONICYT y dotarlos de profesionales capaces y altamente responsables, que se la jueguen por los intereses del país y, sobre todo, que sí tengan dedos para el piano. Profesionales que sean escogidos por sus méritos y no por compadrazgos. Pero para ello es necesario que las chilenas y los chilenos nos pronunciemos con alegría y decisión en diciembre próximo, convencidos que no da lo mismo quién gobierna y que Chile no se merece otro gobierno más de la Concertación.

Fotografía original gentileza de Javier Baladron Pezoa.

La diferencia más importante  entre los programas de Frei y Piñera a la luz del trabajo realizado por el grupo de once think tanks o “Consorcio para la Reforma del Estado”.

Uno de los puntos fundamentales que está en discusión en el contexto de la presente campaña presidencial es de si Chile necesita más estado o no. A favor de lo primero se ha manifestado con claridad y reiteradamente el candidato oficialista, en tanto el abanderado de la Coalición por el Cambio ha sido enfático en señalar que no tiene sentido crear más burocracia, que eso sería un despropósito y que lo que Chile requiere es más eficacia y eficiencia en su aparato público, así como menos despilfarro, corrupción y negligencia.

Esta semana se ha dado a conocer las principales propuestas del Consorcio para la Reforma del Estado, grupo compuesto de once think tanks de diversas filiaciones que, tras un año de arduo trabajo para alcanzar un amplio consenso político, se apresta a presentar el documento en el que se plasman las directrices recomendadas para convertir a Chile en un estado de clase mundial.

Resulta notable que todas las ideas generales dadas a conocer por dicho Consorcio pueden resumirse en una sola frase: “reducir el estado y mejorar su funcionamiento”, coincidiendo plenamente con lo ya planteado en el programa de gobierno de Sebastián Piñera.

Efectivamente hay un amplio consenso entre los expertos de las más diversas sensibilidades y tendencias políticas en la importancia de dotar a Chile de un mejor estado y de reducir y hasta erradicar todo lo que hay que eliminar de un aparato tan hipertrofiado como el actual. El programa de Sebastián Piñera, a diferencia del de Frei, comparte lo medular de dicho diagnóstico transversal y, más aún, ha sido estructurado sobre esa base.

De todos los ciudadanos cívicamente responsables y de lo que decidamos en diciembre próximo dependerá si perpetuamos la ineficiencia o – peor aún – la acrecentamos o – por el contrario – sacamos adelante un proyecto renovador que dote cuanto antes a Chile de un estándar de excelencia.

No esperemos a ser víctimas de la inconsciencia de otro para darnos cuenta de la irresponsabilidad que implica conducir en estado de ebriedad.

Aunque el 18 de septiembre no es realmente el “cumpleaños de Chile”, se he hecho una tradición festejar en torno a esa fecha nuestras “Fiestas Patrias”. Esta tradición se remonta a la época del gobierno de Bernardo O’Higgins, a pesar que la independencia aún no estaba del todo garantizada y, desde muy temprano, consistía básicamente en beber alcohol hasta caer al piso y quedar inconsciente, tal como lo constató Mary Graham en su diario de vida. Por suerte, en esa época no habían automóviles y el riego de morir por causa de la ingesta desmedida de alcohol era despreciable. Lamentablemente no es lo que ocurre en la actualidad.

El año pasado, sólo durante las “Fiestas Patrias”, se produjeron más de 500 accidentes de tránsito, con una cantidad de lesionados del orden de mil y 28 víctimas fatales, las que incluyen no sólo a quienes perdieron la vida producto de su propia irresponsabilidad, sino también a las víctimas inocentes, muchos de ellos menores de edad.

Pero no sólo durante las “Fiestas Patrias” muere gente inocente producto de este flagelo. Se ha establecido que más del 10% de los de víctimas fatales en accidentes de tránsito en Chile se deben a los efectos del alcohol en la conducción. Por otra parte el número de accidentes de tránsito ha venido aumentando sostenidamente desde 2006 y durante el año pasado se registraron cerca de 60 mil. También aumentó el índice de mortalidad de los accidentes en casi un 10% entre el 2007 y el 2008.

Por todo ello nos parece urgente modificar la Ley de Tránsito y establecer sanciones severísimas que obliguen a tomar conciencia a los conductores respecto al tema, sanciones que contemplen incluso quitarle la licencia de conducir de manera perpetua a quien se compruebe que causó lesiones graves, como fracturas óseas, a alguna víctima inocente por conducir en estado de ebriedad, además de elevar las multas y endurecer las sanciones penales.

Pero no sólo proponemos aplicar sanciones severas para quienes causen muertes o daño grave a las víctimas, el sólo hecho de conducir en estado de ebriedad, por el riesgo que implica, también proponemos que sea sancionado significativamente de manera más drástica de lo que es en la actualidad.

De esa forma, como país, tomaremos todas las medidas posibles para protegeremos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos de las consecuencias de la irresponsabilidad de los inconscientes que tanto daño causan y siguen causando.

Es falso que Chile esté de “cumpleaños” el 18 de septiembre y celebrar el bicentenario el 2010 es completamente arbitrario y antojadizo.

Desde pequeños se nos inculca que el “cumpleaños” de Chile es el 18 de septiembre porque, supuestamente,  Chile se independizó de España en tal fecha del año 1810 y, consecuentemente, no es extraño que nos aprestemos a celebrar el “bicentenario” el próximo año en esa fecha. No obstante, por lo mismo, puede ser oportuno recordar que la historia es muy distinta.

El país en el que vivimos es heredero sociopolítico del imperio español que fue soberano en toda Hispanoamérica hasta comienzos del siglo XIX y que imponía su autoridad sobre Santiago del Nuevo Extremo con la misma naturalidad que Santiago de Chile la impone, en la actualidad, sobre Isla de Pascua, por ejemplo. Pero ese orden desapareció casi repentinamente cuando el ambicioso Napoleón Bonaparte, elevado por el chorro de la Revolución Francesa, derribó en España a la monarquía tradicional, dejando – de paso – a sus colonias acéfalas.

Así las cosas, Hispanoamérica se vio fragmentada y forzada a buscar un nuevo orden político que no resultaba nada natural fundamentar sobre el poder de Francia, por lo que, en muchos casos, se optó por erigir “gobiernos provisionales” que conservaran en forma latente la soberanía española del rey depuesto, Fernando VII, quien había accedido al trono en 1808 tras abdicar su padre Carlos IV – el que más tarde afirmaría que tal renuncia era nula y exigiría nuevamente la corona para sí. Es en ese contexto de anarquía en el que se produce la “revolución” que conmemoramos cada año con bombos y platillos (de chinchineros, para ser literales), como si Santiago se hubiese levantado en contra de la corona española, en circunstancias que lo que se hizo fue más bien todo lo contrario.

Recordemos también que Mateo de Toro y Zambrano (en realidad: Matheo de Toro Zambrano y Ureta) ya había sido nombrado gobernador interino de la Capitanía General de Chile el 16 de julio de 1810 y que ostentaba el título nobiliario de “El Conde de la Conquista”, palabras con las que firmaba sus documentos. Por otra parte, una vez que la Junta de Gobierno fue creada el 18 de septiembre, junto a ella continuó ejerciendo el “poder judicial” la Real Audiencia, instancia completamente española que se remontaba en Chile al siglo XVI. La Junta, encabezada por el hidalgo conde, gobernaba el Reyno de Chile, territorio de fronteras no muy bien delimitadas pero que incluía todo lo que hoy denominamos Chile Central, en representación del Rey don Fernando y con toda la legalidad que ello podía tener, por lo que hablar de independencia en relación a este hito es de una inexactitud tal que bien podemos calificarla de mentira.

De hecho, a la larga, Chile recuperó en plenitud su condición de colonia española en el período entre 1814 y 1817 – denominado eufemísticamente “la reconquista” – y no fue sino hasta la batalla de Chacabuco, el 12 de febrero de 1817, en que se plantea la posibilidad de otorgar el mando de la nación a don José de San Martín, primero, quien rechaza el nombramiento y, más tarde, a Bernardo O’Higgins, el que asume como “Director Supremo”.

Pero las escaramuzas con los realistas continuaron, al tiempo que O’Higgins se encargaba de redactar el “Acta de Independencia de Chile” que fue jurada justo un año después de la batalla de Chacabuco. Más adelante, el 5 de abril de 1818 ocurre la batalla de Maipú, fecha que bien podríamos considerar la de la auténtica independencia ya que es a partir de ese día que las fuerzas realistas se comienzan a replegar y O’Higgins se aboca a redactar la primera Constitución. No obstante la resistencia realista se prolongaría hasta el 15 de enero de 1826, fecha en que se firmó el “Tratado de Tantauco” que selló la anexión a Chile del último reducto español: Chiloé.

Mientras ello ocurría, una serie de errores políticos y hasta algunos “crímenes de estado” cometidos por O’Higgins fueron generando un gran descontento que le hicieron renunciar en 1823, dando pie a un período de anarquía, conocido como “ensayos constitucionales”, que culminó con la Revolución de 1829 y más concretamente el el 17 de abril de 1830, fecha de la Batalla de Lircay. Todo ello permitió convocar a una “Gran Convención” que, bajo el liderazgo de Diego Portales, redactó una constitución políticamente robusta que finalmente dio gobernabilidad a la nueva república. Los más puristas, por lo tanto, señalan que la independencia no quedó bien asentada hasta el 25 de mayo de 1833, fecha en la que fue jurada dicha carta fundamental.

Los grandes procesos históricos no ocurren de un día para otro y muchas veces son desencadenados por factores exógenos que catalizan procesos internos, tal como ocurrió con la independencia de Chile en el contexto de la España Napoleónica. Sin embargo, tenemos la tendencia natural a buscar fechas, muchas veces de manera bastante arbitraria, para establecer conmemoraciones, y el 18 de septiembre no es la excepción; aunque bien habríamos podido escoger el 15 de enero, 12 de febrero, 5 ó el 17 de abril, ó el 25 de mayo, por ejemplo, si bien en este último caso habríamos tenido que esperar hasta el 2033 para hablar de bicentenario.

Ilustración gentileza de Wikimedia Commons.

No es realista predecir un “empate técnico” entre Piñera y MEO a la luz de la última encuesta IPSOS. Lo que sí está claro es el descenso sostenido de Frei.

Ha dado mucho que hablar la reciente difusión de la última encuesta IPSOS ya que claramente se perfila Marco Enríquez-Ominami (MEO) como el principal rival de Sebastián Piñera, especialmente si se llega a una segunda vuelta. Incluso se ha llegado a hablar de un “empate técnico”, pero hay algunas consideraciones importantes que debemos hacer.

En primer lugar debemos tener en cuenta que se trata éste de un sondeo telefónico, dato relevante ya que encuestas anteriores han mostrado que MEO es más fuerte en los estratos medios a alto, que son justamente los que mayor cobertura telefónica alcanzan, por lo que es natural suponer que, en esta encuesta, hay un sesgo que favorece a MEO.

Aún así, otros datos de encuestas anteriores, como la sostenida “pérdida de vigencia” de la Concertación (CERC), resultan perfectamente coherentes con este escenario que se estaría presentando en diciembre, en caso de llegar al balotaje, y donde el candidato oficialista no figuraría en el voto.

La encuesta IPSOS también nos dice que casi un 55,9% ya cree que Sebastián Piñera será el próximo Presidente de Chile y sólo un 5,5% que lo será MEO. Este dato no es menor si tomamos en cuenta la posibilidad cierta de interpretar la votación de MEO en segunda vuelta como un voto disidente y no como una opción real. En otras palabras: es muy posible que, de consolidarse MEO como una alternativa real, paradojalmente eso le haga bajar su votación.

MEO es un político con mucho futuro, pero los chilenos – en general – aún lo consideran inexperto y carente de una plataforma política sólida y seria que lo respalde y que dé confianza.

Fotografía por Eduardo Bastías Alarcón.

Los puntos más interesantes que la última encuesta CERC nos presenta para la reflexión.

La encuesta CERC, realizada por el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea, es una de las más conocidas y reputadas. Por eso ha sido tanto el interés que ha despertado la difusión de su última edición que corresponde al sondeo realizado en julio del presente año. A continuación comparto con ustedes algunas reflexiones en torno a su contenido.

1. La Pérdida de Vigencia de la Concertación – Desde octubre de 2005 ha habido un progresivo aumento de quienes consideran que la Concertación perdió su vigencia y su razón de ser, al tiempo que un descenso de quienes creen lo contrario.
2. RN como partido moderado -  Renovación Nacional destaca como el partido que tiene más militancia cruzada en el sentido que un 12% es partidario del gobierno o de la Presidenta. Esta característica, que lo distingue notoriamente en el contexto de los cinco partidos más grandes, podría estar asociada indirectamente a la penetración que tiene Sebastián Piñera más allá de la centro-derecha.
3. Aprobación de Michelle Bachelet – La aprobación a la gestión de la Presidenta Bachelet marca un 65%, incluyendo un 41% de quienes votan por Sebastián Piñera. Este dato se complementa perfectamente con el señalado en el punto anterior.
4. Imagen de Sebastián Piñera – Es interesante comparar tres cifras que nos hablan de la imagen que se tiene de Sebastián Piñera. Un 47% cree que será el próximo Presidente (pregunta abierta), 44% cree que es el político con más futuro (pregunta abierta) y 39% votaría por él. Claramente el comando de Sebastián Piñera todavía puede capitalizar más votación si logra captar la diferencia y hacer que vote por Piñera, al menos, quienes ya creen que ganará.
5. MEO como candidato socialista – El grueso de la votación de Marco Enríquez-Ominami (MEO) proviene de la del Partido Socialista y más simpatizantes socialistas votarán por MEO que por Frei. El grueso de la votación de Frei, en tanto, proviene de simpatizantes DC y del PPD.
6. Votación según estratos socio-económicos – Piñera tiene la mayor votación en todos los estratos socioeconómicos. Frei supera a MEO en los estratos bajo y medio-bajo, en cambio en los estratos medio a alto MEO iguala o supera levemente a Frei.
7. El voto de los jóvenes – los jóvenes (entre 18 y 25 años) votan muy mayoritariamente por Piñera, quien prácticamente duplica a MEO y cuadruplica a Frei en este nicho.
8. El voto díscolo o cruzado – Piñera es el único presidenciable que muestra cierta capacidad de capitalizar voto cruzado, proveniente en este caso de sectores independientes y concertacionistas. En efecto, Piñera literalmente arrasa entre los independientes (que dicen votar por personas y no por partidos) . Paradojalmente, MEO no obtiene votación en este sector, corroborándose que representa a los socialistas.