Tras la aparición de ciertas actitudes homosexuales en la franja presidencial, tanto la Iglesia como los comandos presidenciales involucrados se han trenzado en una discusión no siempre lúcida.

La inclusión explícita o implícita de actitudes homosexuales en la franja presidencial por parte de Eduardo Frei y Sebastián Piñera, respectivamente, ha desencadenado una serie de declaraciones.

El presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Alejandro Goic, llamó a los candidatos presidenciales a ser “coherentes con sus principios”, en clara alusión a la fe católica que profesan tanto Sebastián Piñera como Eduardo Frei, invitándolos a ser más pudorosos a la hora de “captar votos”.

Ciertamente la Iglesia Católica y sus obispos tienen el derecho de difundir su punto de vista y de hacer recomendaciones a su rebaño, incluso cuando se trata de potenciales presidentes de la república; sin embargo la investidura de Jefe de Estado debe ser abarcadora y tolerante y, obviamente, no es función del Estado el ser moralizante en temas de conciencia que van más allá de la ética ciudadana.

Los candidatos pueden y deben llegar con su propuesta, a través de los canales establecidos para ello, a todo el electorado, por lo que es fundamental que comuniquen con claridad su mensaje a todos y todas las chilenas, sean o no cristianos. En tal sentido, hago mías las palabras de monseñor Juan Ignacio González cuando ha señalado que “la franja electoral no es para dar clases de catecismo”.

Lo que no comparto son las expresiones del Comando de Frei, más específicamente de su “Jefe Territorial”, declaraciones que no comentaré, aparte de señalar que me parecen lamentables.

Por el contrario, hago mías las palabras de Sebastián Piñera, quien ha señalado fuerte y claro que coincide en lo fundamental de lo expresado por la Iglesia, esto es: que el matrimonio es – por definición – entre un hombre y una mujer pero que quienes conviven, independiente de su condición sexual, tienen derecho a que se cautele su patrimonio común. Esa es nuestra propuesta y es lo que queremos comunicar.

Las declaraciones formuladas recientemente por el ex Presidente Lagos no sólo son inexactas sino que son hechas desde una lógica anacrónica e insana.

El ex Presidente de la República Ricardo Lagos Escobar ha señalado recientemente que "todos los que rodean a Sebastián Piñera son herederos de Pinochet", frase bastante ambigua y en la que claramente no se ven representadas figuras como la de Fernando Flores, ex ministro de Salvador Allende y actual miembro de la Coalición por el Cambio, así como muchos de quienes vemos con buenos ojos que la Concertación se tome un merecido descanso.

Desde ya resulta inusual que alguien que ha asumido importantes roles en instancias internacionales tan relevantes como Naciones Unidas o el Club de Madrid, baje del Olimpo de los estadistas para entrometerse en una campaña interna; no obstante, dada la precariedad de la situación del candidato oficialista – quién será derrotado si los pronósticos más certeros se cumplen – es entendible que ello suceda.

Según el propio Lagos, es indiscutible que Sebastián Piñera fue crítico de Pinochet, pero – señaló Lagos – quienes le rodean comparten comparten “la idea, la ideología” y son sus “herederos”. ¿A qué puede referirse el ex Presidente? Si se refiere a que en la Coalición por el Cambio queremos mantener una economía social de mercado, la apertura comercial a los mercados globales e incentivar la regionalización, efectivamente se podría decir ello, pero también habría que afirmarlo de la propia Concertación y de figuras como la Presidenta Bachelet y su ministro Andrés Velasco.

En otras palabras, en la Coalición por el Cambio no somos más herederos de Pinochet que en la propia Concertación. En ese aspecto específico, nos guste o no, Chile en su conjunto es heredero de Pinochet y clara muestra de ello es que hoy tres de cada cuatro chilenos ya tiene decidido no votar en las próximas elecciones presidenciales por un candidato que defiende la ideología contraria, que podemos denominar socialismo histórico. Es innegable que los tres candidatos que podrían estar en el balotaje proponen ideas que impuso el régimen militar y que la Concertación consolidó durante sus años de gloria.

A veinte años de que el Muro de Berlín fuera derribado, el fantasma de su presencia metafórica aún divide, en Chile, a quienes caen en la trampa de mirar la realidad con los cristales del pasado. Es bueno tener memoria y espejo retrovisor, pero para conducir hay que mirar principalmente hacia adelante. Eso es lo que necesitamos y por eso estamos felices de contar con el respaldo macizo y vencedor de millones de chilenos que comparten nuestra visión de futuro y que quieren un Gran Gobierno como el que Sebastián Piñera nos puede dar.

Fotografía: Wikimedia.

Es inaceptable que se profieran amenazas al Contralor por intentar desempeñar su función, constituye un acto temerario e imprudente, y el Secretario General de la Presidencia le debe excusas no sólo a Ramiro Mendoza sino que a todo el país.

En 1887, Lord Acton acuñó su célebre “dictum”: Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Así es: el poder induce a la corrupción – está en la naturaleza humana que así sea – y, mientras más grande sea ese poder, mayor termina siendo la corrupción. Por eso, en una república democrática, es tan importante la alternancia en el poder y el rol que desempeñan los entes fiscalizadores y de control, como la Cámara de Diputados y la Contraloría General de la República.

Esta semana hemos sido testigos de un hecho inaceptable: el Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo,  ha presionado públicamente al Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, para que no controle a los ministros ni investigue si los secretarios de estado incurren en prácticas de intervencionismo u otras posibles irregularidades.

Recordemos que Contraloría es el órgano encargado del fortalecimiento del Estado de Derecho y, entre otras funciones, debe velar por el cumplimiento del principio de probidad administrativa. Más aún, está explícitamente señalado en su “Misión” que Contraloría “ejerce sus funciones con el fin de promover la certeza, estabilidad y predictibilidad de las decisiones administrativas, y por lo mismo, se convierten en un mecanismo de protección de las garantías fundamentales de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración del Estado”. Por todo ello, el mero intento de coartar las posibilidades de acción de la Contraloría constituye un acto temerario e imprudente y apunta en la dirección contraria a la del fortalecimiento de la democracia y de sus instituciones.

Es extraordinariamente grave lo ocurrido y nos parece que, como mínimo, el Ministro Viera Gallo debe excusarse con el Contralor y con todo el país, retirar sus amenazas y dejar que las instituciones funcionen y que hagan su trabajo. De no hacerlo estaría él mismo incurriendo en una suerte de abandono de sus propios deberes. Los ministros están al servicio de la institucionalidad, no al revés.

Invitamos a las chilenas y a los chilenos a reflexionar sobre estos hechos y a convencerse que, efectivamente, no da lo mismo quién gobierna. Chile se merece un presidente que erradique todo rastro de corrupción y un gobierno que esté plenamente a disposición de órganos como la Contraloría, pero para ello es necesario que la Concertación y sus herederos directos abandonen – aunque sea sólo por un período – el poder que han detentado durante tanto tiempo y que los ha llevado a caer en estas conductas corrosivas y nefastas que hoy presenciamos.

Fotografía: el Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo,  por gentileza de Wikimedia.

La salida de Vivian Heyl de CONICYT, a pocas semanas de que finalice este gobierno, no soluciona nada pero sí es un reconocimiento de que la Concertación está haciendo muy mal las cosas y, por lo mismo, no debería continuar en el poder.

Ya lo he dicho (aquí) y ahora lo repito: Cuando se le pregunta a un mandatario cuál es el principal activo de su país, suele responder algo como el petróleo, el turismo o el cobre. Nunca he escuchado a un presidente decir que su principal activo es la gente, el capital humano. Sin embargo, es evidente que es precisamente ese el factor económico clave del desarrollo: las personas. Un país que invierte en su gente es un país que apuesta al desarrollo, especialmente si se invierte de manera inteligente y ordenada.

En Chile, el organismo encargado de hacer ese trabajo se llama CONICYT y durante el gobierno que está finalizando se ha convertido en el fiasco más grande y en el fracaso más rotundo, superando incluso, en mi humilde opinión, al del tristemente célebre TranSantiago.

Como ya lo señalé (aquí), primero fue el inédito “paro de científicos” que convocó incluso a varios Premios Nacionales de Ciencias en una manifestación sin precedentes en el país. Luego serían las quejas de los becados estudiando postgrados en el extranjero, más tarde supimos de un grupo de técnicos que fue enviado a estudiar a Canadá sólo para constatar una vez que ya estaban allá que no tenían el nivel de inglés requerido. A todo ello podemos agregar la molestia que hay desde hace casi un año entre quienes postulan a las Becas Bicentenario. Todo ello hizo que, finalmente, se le pidiera la renuncia a la directora de la entidad, Vivian Heyl.

No obstante, la salida de la señorita Heyl, a pocas semanas de que finalice este gobierno, así como su remplazo por una persona de similares características y extracción, bien podemos interpretarla como una mera burla. El daño ya está hecho y los perjudicados no son sólo los científicos, académicos y nuestro capital humano avanzado; los perjudicados somos todos los chilenos.

Pero todo ello va a cambiar cuando la Coalición por el Cambio llegue al gobierno. Sebastián Piñera se ha comprometido a hacer crecer nuestra economía sobre la base de potenciar el emprendimiento y la innovación. Para ello nos proponemos erradicar la ineptitud de organismos como CONICYT y dotarlos de profesionales capaces y altamente responsables, que se la jueguen por los intereses del país y, sobre todo, que sí tengan dedos para el piano. Profesionales que sean escogidos por sus méritos y no por compadrazgos. Pero para ello es necesario que las chilenas y los chilenos nos pronunciemos con alegría y decisión en diciembre próximo, convencidos que no da lo mismo quién gobierna y que Chile no se merece otro gobierno más de la Concertación.

Fotografía original gentileza de Javier Baladron Pezoa.

La diferencia más importante  entre los programas de Frei y Piñera a la luz del trabajo realizado por el grupo de once think tanks o “Consorcio para la Reforma del Estado”.

Uno de los puntos fundamentales que está en discusión en el contexto de la presente campaña presidencial es de si Chile necesita más estado o no. A favor de lo primero se ha manifestado con claridad y reiteradamente el candidato oficialista, en tanto el abanderado de la Coalición por el Cambio ha sido enfático en señalar que no tiene sentido crear más burocracia, que eso sería un despropósito y que lo que Chile requiere es más eficacia y eficiencia en su aparato público, así como menos despilfarro, corrupción y negligencia.

Esta semana se ha dado a conocer las principales propuestas del Consorcio para la Reforma del Estado, grupo compuesto de once think tanks de diversas filiaciones que, tras un año de arduo trabajo para alcanzar un amplio consenso político, se apresta a presentar el documento en el que se plasman las directrices recomendadas para convertir a Chile en un estado de clase mundial.

Resulta notable que todas las ideas generales dadas a conocer por dicho Consorcio pueden resumirse en una sola frase: “reducir el estado y mejorar su funcionamiento”, coincidiendo plenamente con lo ya planteado en el programa de gobierno de Sebastián Piñera.

Efectivamente hay un amplio consenso entre los expertos de las más diversas sensibilidades y tendencias políticas en la importancia de dotar a Chile de un mejor estado y de reducir y hasta erradicar todo lo que hay que eliminar de un aparato tan hipertrofiado como el actual. El programa de Sebastián Piñera, a diferencia del de Frei, comparte lo medular de dicho diagnóstico transversal y, más aún, ha sido estructurado sobre esa base.

De todos los ciudadanos cívicamente responsables y de lo que decidamos en diciembre próximo dependerá si perpetuamos la ineficiencia o – peor aún – la acrecentamos o – por el contrario – sacamos adelante un proyecto renovador que dote cuanto antes a Chile de un estándar de excelencia.

No esperemos a ser víctimas de la inconsciencia de otro para darnos cuenta de la irresponsabilidad que implica conducir en estado de ebriedad.

Aunque el 18 de septiembre no es realmente el “cumpleaños de Chile”, se he hecho una tradición festejar en torno a esa fecha nuestras “Fiestas Patrias”. Esta tradición se remonta a la época del gobierno de Bernardo O’Higgins, a pesar que la independencia aún no estaba del todo garantizada y, desde muy temprano, consistía básicamente en beber alcohol hasta caer al piso y quedar inconsciente, tal como lo constató Mary Graham en su diario de vida. Por suerte, en esa época no habían automóviles y el riego de morir por causa de la ingesta desmedida de alcohol era despreciable. Lamentablemente no es lo que ocurre en la actualidad.

El año pasado, sólo durante las “Fiestas Patrias”, se produjeron más de 500 accidentes de tránsito, con una cantidad de lesionados del orden de mil y 28 víctimas fatales, las que incluyen no sólo a quienes perdieron la vida producto de su propia irresponsabilidad, sino también a las víctimas inocentes, muchos de ellos menores de edad.

Pero no sólo durante las “Fiestas Patrias” muere gente inocente producto de este flagelo. Se ha establecido que más del 10% de los de víctimas fatales en accidentes de tránsito en Chile se deben a los efectos del alcohol en la conducción. Por otra parte el número de accidentes de tránsito ha venido aumentando sostenidamente desde 2006 y durante el año pasado se registraron cerca de 60 mil. También aumentó el índice de mortalidad de los accidentes en casi un 10% entre el 2007 y el 2008.

Por todo ello nos parece urgente modificar la Ley de Tránsito y establecer sanciones severísimas que obliguen a tomar conciencia a los conductores respecto al tema, sanciones que contemplen incluso quitarle la licencia de conducir de manera perpetua a quien se compruebe que causó lesiones graves, como fracturas óseas, a alguna víctima inocente por conducir en estado de ebriedad, además de elevar las multas y endurecer las sanciones penales.

Pero no sólo proponemos aplicar sanciones severas para quienes causen muertes o daño grave a las víctimas, el sólo hecho de conducir en estado de ebriedad, por el riesgo que implica, también proponemos que sea sancionado significativamente de manera más drástica de lo que es en la actualidad.

De esa forma, como país, tomaremos todas las medidas posibles para protegeremos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos de las consecuencias de la irresponsabilidad de los inconscientes que tanto daño causan y siguen causando.

Es falso que Chile esté de “cumpleaños” el 18 de septiembre y celebrar el bicentenario el 2010 es completamente arbitrario y antojadizo.

Desde pequeños se nos inculca que el “cumpleaños” de Chile es el 18 de septiembre porque, supuestamente,  Chile se independizó de España en tal fecha del año 1810 y, consecuentemente, no es extraño que nos aprestemos a celebrar el “bicentenario” el próximo año en esa fecha. No obstante, por lo mismo, puede ser oportuno recordar que la historia es muy distinta.

El país en el que vivimos es heredero sociopolítico del imperio español que fue soberano en toda Hispanoamérica hasta comienzos del siglo XIX y que imponía su autoridad sobre Santiago del Nuevo Extremo con la misma naturalidad que Santiago de Chile la impone, en la actualidad, sobre Isla de Pascua, por ejemplo. Pero ese orden desapareció casi repentinamente cuando el ambicioso Napoleón Bonaparte, elevado por el chorro de la Revolución Francesa, derribó en España a la monarquía tradicional, dejando – de paso – a sus colonias acéfalas.

Así las cosas, Hispanoamérica se vio fragmentada y forzada a buscar un nuevo orden político que no resultaba nada natural fundamentar sobre el poder de Francia, por lo que, en muchos casos, se optó por erigir “gobiernos provisionales” que conservaran en forma latente la soberanía española del rey depuesto, Fernando VII, quien había accedido al trono en 1808 tras abdicar su padre Carlos IV – el que más tarde afirmaría que tal renuncia era nula y exigiría nuevamente la corona para sí. Es en ese contexto de anarquía en el que se produce la “revolución” que conmemoramos cada año con bombos y platillos (de chinchineros, para ser literales), como si Santiago se hubiese levantado en contra de la corona española, en circunstancias que lo que se hizo fue más bien todo lo contrario.

Recordemos también que Mateo de Toro y Zambrano (en realidad: Matheo de Toro Zambrano y Ureta) ya había sido nombrado gobernador interino de la Capitanía General de Chile el 16 de julio de 1810 y que ostentaba el título nobiliario de “El Conde de la Conquista”, palabras con las que firmaba sus documentos. Por otra parte, una vez que la Junta de Gobierno fue creada el 18 de septiembre, junto a ella continuó ejerciendo el “poder judicial” la Real Audiencia, instancia completamente española que se remontaba en Chile al siglo XVI. La Junta, encabezada por el hidalgo conde, gobernaba el Reyno de Chile, territorio de fronteras no muy bien delimitadas pero que incluía todo lo que hoy denominamos Chile Central, en representación del Rey don Fernando y con toda la legalidad que ello podía tener, por lo que hablar de independencia en relación a este hito es de una inexactitud tal que bien podemos calificarla de mentira.

De hecho, a la larga, Chile recuperó en plenitud su condición de colonia española en el período entre 1814 y 1817 – denominado eufemísticamente “la reconquista” – y no fue sino hasta la batalla de Chacabuco, el 12 de febrero de 1817, en que se plantea la posibilidad de otorgar el mando de la nación a don José de San Martín, primero, quien rechaza el nombramiento y, más tarde, a Bernardo O’Higgins, el que asume como “Director Supremo”.

Pero las escaramuzas con los realistas continuaron, al tiempo que O’Higgins se encargaba de redactar el “Acta de Independencia de Chile” que fue jurada justo un año después de la batalla de Chacabuco. Más adelante, el 5 de abril de 1818 ocurre la batalla de Maipú, fecha que bien podríamos considerar la de la auténtica independencia ya que es a partir de ese día que las fuerzas realistas se comienzan a replegar y O’Higgins se aboca a redactar la primera Constitución. No obstante la resistencia realista se prolongaría hasta el 15 de enero de 1826, fecha en que se firmó el “Tratado de Tantauco” que selló la anexión a Chile del último reducto español: Chiloé.

Mientras ello ocurría, una serie de errores políticos y hasta algunos “crímenes de estado” cometidos por O’Higgins fueron generando un gran descontento que le hicieron renunciar en 1823, dando pie a un período de anarquía, conocido como “ensayos constitucionales”, que culminó con la Revolución de 1829 y más concretamente el el 17 de abril de 1830, fecha de la Batalla de Lircay. Todo ello permitió convocar a una “Gran Convención” que, bajo el liderazgo de Diego Portales, redactó una constitución políticamente robusta que finalmente dio gobernabilidad a la nueva república. Los más puristas, por lo tanto, señalan que la independencia no quedó bien asentada hasta el 25 de mayo de 1833, fecha en la que fue jurada dicha carta fundamental.

Los grandes procesos históricos no ocurren de un día para otro y muchas veces son desencadenados por factores exógenos que catalizan procesos internos, tal como ocurrió con la independencia de Chile en el contexto de la España Napoleónica. Sin embargo, tenemos la tendencia natural a buscar fechas, muchas veces de manera bastante arbitraria, para establecer conmemoraciones, y el 18 de septiembre no es la excepción; aunque bien habríamos podido escoger el 15 de enero, 12 de febrero, 5 ó el 17 de abril, ó el 25 de mayo, por ejemplo, si bien en este último caso habríamos tenido que esperar hasta el 2033 para hablar de bicentenario.

Ilustración gentileza de Wikimedia Commons.